Los Cinco cubanos prisioneros de Bush

Artículo publicado en la Revista Caros Amigos

Todos saben que Cuba está bloqueada, hace más de cuarenta años, por el gobierno de los EUA, que le impide tener relaciones normales con el resto del mundo. Sabemos también cuántas veces la Casa Blanca intentó desestabilizar la Revolución, desde la fracasada invasión de Bahía de Cochinos, en 1961, a los atentados sufridos por Fidel.

El centro de las operaciones terroristas contra Cuba está en Miami, con la Organización Alpha 66. De allí partió la mayoría de las operaciones de sabotaje. Y allí viven, bajo connivencia del gobierno que proclama odiar terroristas, cubanos que se dedican a perpetrar acciones criminales contra el pueblo cubano.

Cuba ha resistido las agresiones por disponer de un servicio de inteligencia que se caracteriza por acciones preventivas. Es difícil sorprenderla. Entre los inmigrantes cubanos residentes en La Florida se encontraban cinco hombres dedicados al antiterrorismo: Antonio (Tony) Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, René González y Ramón Labañino.

Los cinco fueron presos en Miami, en 1998, acusados de conspirar para realizar espionaje a favor de Cuba. Sometidos allí mismo a un tribunal bajo presión de la comunidad anticastrista, recibieron penas que suman cuatro prisiones perpetuas y 75 años de privación de libertad. Gerardo fue sentenciado a dos prisiones perpetuas (sic) y quince años más de prisión - como comentó Fidel, tendrá que nacer de nuevo para cumplirlas - ; Ramón, a prisión perpetua y dieciocho años más; Tony, a prisión perpetua y diez años más; Fernando, a diecinueve años; y René a quince años.

El gobierno de los EUA incluyó en el proceso una petición, presentada formalmente a un tribunal federal, haciendo constar que, “además del tiempo que deben estar en prisión, además del tiempo que dure la sanción penal, esas personas no pueden volver a hacer lo que hicieron y, por tanto, que queden incapacitadas para toda la vida, de modo que no pretendan hacer de nuevo aquello por lo cual fueron traídas a aquí”.

En el acta del juicio de René González, condenado el 14 de diciembre del 2001 (tres meses después del 11 de septiembre), se adicionó: “Como condición especial adicional a la libertad vigilada, se prohíbe al acusado asociarse o visitar lugares específicos frecuentados por individuos, grupos terroristas, miembros de agrupaciones de propugnan la violencia y figuras del crimen organizado.”

LOS MEDIOS DE PRENSA NO INFORMAN

Se podría pensar que incluir semejante cláusula en la sentencia de René fuese un desatino de la justicia estadounidense. Sin embargo, dos semanas después, cuando se dio a conocer la sentencia contra Antonio Guerrero, se repitió la misma cosa. La jueza adicionó a su sentencia, de “prisión perpetua y diez años más”, la prohibición de “frecuentar lugares donde se encuentran individuos y grupos terroristas”.

Ningún órgano de prensa estadounidense informó esos absurdos. Sobre todo el detalle de la sanción adicional, en que el gobierno de los EUA admite que en su territorio hay individuos y grupos terroristas, y que él sabe bien cuáles son, donde viven, qué lugares frecuentan, sin que tome la iniciativa de detenerlos. Los abogados de la defensa reiteradamente denunciaron las múltiples violaciones legales cometidas en el proceso y las injustificadas penas.

En mayo del 2005 cinco peritos independientes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, todos renombrados juristas de diferentes países (ningún cubano), luego de analizar el caso durante dos años, declararon arbitraria la prisión de los cinco, y contraria a las convenciones de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Tres meses después, el 9 de agosto, tres jueces estadounidenses de alto prestigio, también luego de dos años de análisis del proceso, llegaron a la misma conclusión: se practicó en Miami, contra los cinco cubanos, una farsa judicial, sin ningún valor. Decidieron, pues, anular los procesos.

El gobierno de los EUA, sediento por castigar los cubanos, apeló a todos los recursos legales y semi-legales y sometió la decisión de los tres jueces al pleno de la Corte de Apelaciones de Atlanta. Exactamente un año después, el 9 de agosto del 2006, la Corte, por mayoría, rechazó la decisión de los tres jueces, ratificó las condenas, negó la realización de un nuevo juicio y ordenó que el proceso retornase a los tres jueces.

De los tres jueces, dos pertenecen a la Corte de Apelaciones, Byrch y Kravitch. Se opusieron a la decisión de sus pares y reiteraron que “este es un caso excepcional que exige un cambio de ciudad, debido al preconcepto latente en lal Comunidad (de Miami) que imposibilita un juicio imparcial”.

VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN

La Corte, entretanto, ratificó su decisión al rechazar las peticiones de la defensa y el cambio de sede para un nuevo juicio.

La decisión de la Corte de Atlanta no toma en consideración el ambiente de violencia e intimidación reinante en Miami, ni los hechos allí ocurridos, y publicados por la prensa local, que incluyen el descubrimiento de arsenales destinados a operaciones armadas contra Cuba, declaraciones públicas de terroristas que se vanaglorian, bajo total impunidad, de sus acciones contra la Revolución, y la prohibición de que se publique literatura infantil sobre Cuba.

Gestos de solidaridad son, en este momento, imprescindibles para hacer ver a la justicia y al gobierno de los EUA que la opinión pública internacional está vigilante y exige que se cumpla la ley.

Fernando González permanecía preso el 21 de septiembre del 2006, cuando se completaron treinta años de asesinato, en Washington, de Orlando Letelier, que fue Ministro de Relaciones Exteriores de Chile en el gobierno Allende, por terroristas de origen cubano. ¿Cuál fue el “crimen” de González?. Infiltrarse en el grupo de Orlando Bosh y hacer algo que era deber del FBI: comprobar que él participó de la decisión de asesinar a Letelier, sin que nunca haya sido llevado a un tribunal.

El 6 de octubre se cumplieron también treinta años de que en Barbados, terroristas hicieran explotar un avión de Cubana de Aviación y provocaran la muerte de 73 personas. Entre los principales responsables estaba Orlando Bosh, que continua libre en las calles de Miami, y el cubano, hoy con ciudadanía venezolana, Luis Posada Cariles, que, aunque actualmente detenido por cuestiones migratorias, goza de protección del gobierno de EUA.

Es preciso exigir la verdad sobre la lucha contra el terrorismo, la liberación de los cinco cubanos, y que Posada Carilles sea extraditado para Venezuela, a fin de responder por el sabotaje a la aeronave de Cuba. Una petición en ese sentido fue firmada por intelectuales y políticos de todo el mundo, entre los cuales están Noam Chomsky, James Petras y Nadine Gordimer.

El 5 de septiembre, la Casa Blanca divulgó el documento Estrategia de la Seguridad Nacional de los EUA, en el cual consta que: “Los Estados que apoyan y dan ayuda a terroristas son tan culpables como los propios terroristas, y tendrán que rendir cuentas de sus actos”.

Cuanto daríamos porque el Tio Sam aplicase esta decisión a sí mismo.

Mas informaciones: www.antiterroristas.cu www.cubadebate.cu/ - www.amigosdecuba.arg