¿Por qué le mienten al pueblo norteamericano?

Intervenciones de Ricardo Alarcón de Quesada:

Un muro de silencio se tiende alrededor de este caso. ¿Por qué tratan de que lo conozca el menor número de personas posible? ¿Cómo se las arreglan? ¿Por qué no hay titubeos en esta colosal censura?

Empecemos por un aspecto reciente que debería haber provocado un escándalo: la situación que enfrenta la familia de René González, desde hace ya un mes y medio, cuando el Departamento de Estado le revocó su visa a Olga Salanueva Arango, su esposa, y a su hija –quien tiene casi la edad del proceso y no ve a su padre desde que tenía cuatro meses.

Pero hay un "detallito": René González Sehwerert nació en Chicago en 1956, y es ciudadano norteamericano por nacimiento. Su hija Ivette nació en Miami, en 1998, y también es ciudadana norteamericana.

¿Quién no ha oído hablar de un tal Johnny Walker Lindh, el llamado "talibán americano"? Dicen que estaba junto a las personas o grupos armados que en Afganistán se habrían enfrentado a las tropas norteamericanas. Dicen que pertenecía a un grupo que se identifica como terrorista, y que en sus planes estaba matar norteamericanos.

Pero como él nació en EE.UU., como tiene la ciudadanía de esa raza superior, no lo enviaron a la Base de Guantánamo, ni lo recluyeron en un cuartel en Afganistán. Lo mandaron a los Estados Unidos de América para que esta persona pueda tener posibilidades de comunicación con sus abogados, contactos familiares normales. Es decir, para que se le reconociese formalmente las prerrogativas que tiene quien disfrute la ciudadanía del país que, se supone, es depositario de las mayores virtudes de la humanidad.

Sin embargo, en el caso de René, ni siquiera se consigue que un medio de los llamados informativos se dé por enterado de que, a un ciudadano norteamericano, se le está privando vergonzosamente de tener comunicación con su pequeña hija, también ciudadana norteamericana.

Si uno recuerda el tratamiento que a esa familia se le dio, puede preguntarse: ¿qué explica semejante crueldad?, ¿por qué razón el gobierno, después que logró condenar a René González y encerrarlo en una prisión injustamente, todavía hoy persigue a la esposa y a las hijas? ¿Qué puede explicar la irracionalidad de esta conducta?

La respuesta nos conduce directamente a la explicación de lo que tratan de ocultar con este proceso. La clave está en el Acta de la sesión del 14 de diciembre del 2001, durante la cual fue sentenciado René.

Entre la larga lista de cargos —en la que aparece una letanía interminable de acusaciones falaces contra Gerardo Hernández, por ejemplo—, para René solo existe una: el haber sido un agente cubano y no haberse inscripto como tal. Para este delito, la ley norteamericana prevé un marco sancionador que va desde la multa hasta un período de prisión que no puede exceder de 15 años. René González fue sancionado, sin embargo, al máximo posible.

EE.UU. ADMITE QUE PROTEGE A TERRORISTAS

Cuando se estaba discutiendo en los grandes medios norteamericanos la necesidad de que haya gente capaz de alertar acciones terroristas —lo que nuestros compatriotas hacían—, el 14 de diciembre del 2001, una jueza, tranquilamente, declara que no importa la acción terrorista, porque nada justifica la conducta errónea e ilegal de este acusado: "los actos terroristas de otros —dice— no pueden excusar la conducta errónea e ilegal de este acusado".

Pero la historia no quedó ahí. A la jueza Lenard, la Fiscalía —el Gobierno Federal— le ha pedido que se asegure de que este hombre no va a continuar "pecando" después que salga de la prisión. Él no ha sido condenado a cadena perpetua y, por tanto, saldrá en algún momento en libertad. De modo que ella le agregó la siguiente oración: "Como una condición especial adicional para su liberación supervisada, se le prohíbe al acusado asociarse con, o visitar lugares específicos, donde individuos o grupos —tales como terroristas o miembros de organizaciones que abogan por la violencia y figuras del crimen organizado— se sabe que están o frecuentan" (páginas 45-46, del Acta oficial de la Vista de Sentencia contra René González).

A tres meses de los horrendos crímenes del 11 de septiembre, el Gobierno norteamericano —representado por la Fiscalía— y su rama Judicial, reconocen que hay terroristas, que sabe quiénes son, que sabe dónde están, y nos anuncian que estarán allí al menos en los próximos 15 años.

Independientemente de las pamplinas que diga el señor Bush en torno a la guerra contra el terrorismo —recordemos esa frase que repite mucho: "quienes albergan a un terrorista, son tan culpables como el terrorista"—, tenemos todo el derecho de preguntarnos: ¿quiénes están albergando a los terroristas ahora en Miami? ¿Quiénes nos están anunciando que los van a albergar dentro de 15 años?

El odio contra René González tiene que ver con el hecho de que él es la prueba viviente de toda la falsedad de este proceso judicial, y del ensañamiento contra quien no pudieron doblegar, a pesar de que era en cierto punto de vista el más débil de los cinco acusados. Era el único que tenía allí a su esposa y a sus hijas; esposa que fue expulsada, acusada y perseguida e insultada por las calles de Miami, que fue arrestada arbitrariamente y encerrada en una prisión, mientras la amenazaban con secuestrarle a su hija menor. Todo esto porque ni ella ni él se prestaron a "colaborar".

El viernes 14 de diciembre del 2001 René González rindió un homenaje al espíritu de Ignacio Agramonte, homenaje discreto porque eran pocos los testigos, pero de una profundidad y fortaleza como una roca. Lo hizo cuando dijo esta frase: "si tuve que venir a juicio, fue por solidaridad con mis hermanos."

Él no tenía por qué estar allí; él podía no haber sido acusado. Todos los días hay casos de agentes en Estados Unidos. Pero quiso ir para que se supiera la verdad, y para defender a los otros. Él era la prueba más evidente e incuestionable de la falsedad de los principales cargos y de la peor acusación manipulada por los medios, en ese ambiente miamense de campaña que no cesó un instante desde el incidente del 24 de febrero de 1996, por el cual levantaron esa infame acusación contra Gerardo Hernández de asesinato en Primer Grado —es decir, con premeditación, con alevosía.

¿Qué mejor prueba de que Gerardo Hernández no tenía la menor intención de matar a nadie de Hermanos al Rescate que el hecho de que no aparezca por ninguna parte la indicación para cometer un crimen? René González, que se supone cumplía sus órdenes, jamás recibió la indicación de molestar ni al señor Basulto, ni a sus compinches, y visitaba sus casas, tripulaba sus aviones, tenía acceso a los hangares, a los depósitos del combustible, a los talleres... Le sobraron las oportunidades, pero nadie pudo alegar ni siquiera un insulto o un maltrato. Nada.

Esa acusación fundamental, que va a envilecer todo el proceso en Miami, que sería un elemento catalizador para movilizar a toda la chusma anexionista; el cargo más grave es a la vez el más débil. Y lo es porque René González, que era el único que hubiera podido servir para fabricar una acusación totalmente indigna, totalmente falaz contra Gerardo, no se prestó a ello. Y eso no se lo han perdonado, ni se lo van a perdonar.

SI ALGO FALTÓ EN EL JUICIO FUE LA JUSTICIA

La falsedad de ese cargo está en este otro documento de 50 páginas, la Petición de emergencia de la Fiscalía a la Corte de Apelaciones de Atlanta, presentada el 30 de mayo del 2001, cuando concluyen las deliberaciones del Tribunal, poco antes de que se reuniera el Jurado para "deliberar" y emitir un veredicto. El Gobierno de Estados Unidos, a través de sus fiscales, hizo algo que, según reconoce la propia Fiscalía, es altamente inusual: dirigirse a la Corte de Apelaciones para solicitarle que modifique las instrucciones que el Tribunal ha dado a los Jurados. Fundamentalmente se concentran en el llamado Cargo Tercero: la acusación de asesinato en Primer Grado.

¿Por qué lo hacen? Dice la página 21 de la Petición: "A la luz de las pruebas presentadas en este proceso, esto presenta un obstáculo insuperable para los Estados Unidos en este caso, y el resultado más probable será el fracaso de la acusación en este cargo."

La propia Fiscalía reconoce que no ha podido probar dos elementos fundamentales de la acusación contra Gerardo: 1) el haber planeado el asesinato en aguas internacionales —la llamada "jurisdicción especial de Estados Unidos"—; 2) que había sido una conspiración para cometer un crimen en Primer Grado.

Esta petición se hace por una razón muy sencilla: no es posible probarlo. La Corte de Atlanta rechazó la petición. Decidió que se mantuvieran las instrucciones tal y como estaban: el Jurado tenía que convencerse, más allá de cualquier duda, de que ocurrió en aguas internacionales —a pesar de que el Gobierno dice que no lo pudo probar—, y que el acusado cometió un crimen con todas las agravantes, a pesar de que el Gobierno dice que tampoco lo pudo probar.

Y este Jurado, sin hacer una sola pregunta, sin expresar ninguna duda —es delicioso comparar lo que pasó con lo que dijeron los fiscales que pasaría; ellos avizoraron muchas preguntas y dudas—, pero el Jurado solo dijo: el viernes, a las cuatro, venimos con el veredicto. Por unanimidad, sin ninguna duda, encontraron culpable a Gerardo Hernández de asesinato en Primer Grado, en aguas internacionales. Nadie sabe cómo se convencieron de algo que los propios acusadores estaban reconociendo por escrito ante una instancia superior que no habían podido probar y temían que el acusado fuera absuelto por tal motivo.

Algún día se sabrá la verdad de este jurado, de lo que pasó dentro de esa sala; algún día se sabrán las presiones, el soborno, las amenazas y todos los medios que utilizaron para lograr ese milagro intelectual de 12 personas pensando exactamente igual en un caso tan complejo, y encontrando culpables a estos muchachos de todo, incluido aquello que el Gobierno pidió modificar porque no había podido probar.

LA SEDE NO PODÍA FACILITAR UN JUICIO IMPARCIAL

Veamos qué dice el Acta del Proceso, en las páginas 111 y 112. El 27 de noviembre de 2000, día en que se comienza el proceso de selección del Jurado, alguien se queja porque a la entrada del salón hay camarógrafos, micrófonos, una conferencia de prensa de una señora supuestamente enlutada, supuestos familiares de las no menos supuestas víctimas de un totalmente falso crimen; un gran show que está molestando el paso de las personas que deben decidir, con total imparcialidad, en este juicio. ¿Quién se queja? La Jueza Federal designada para atender este cargo, que habla de que se ha creado un ambiente contrario al espíritu de una Corte de Justicia.

En la última sesión del juicio, el 5 de junio del 2001 (páginas 14 644-14 646 del Acta), alguien habla de que los jurados, preparados para ir a deliberar, no solo estaban siendo "cazados" afuera, sino que hay cámaras que los persiguen hasta las escaleras, al elevador interior del edificio, y además, están preocupados porque los persiguen hasta que llegan al estacionamiento y le filman la chapa del carro. En una sociedad en la que el alma es el automóvil, esta es una información clave. Por la placa se determina enseguida quién es, qué hace, dónde está.

Esta vez la señora Lenard, la jueza en sesión oficial del Tribunal, afirmó que "los miembros del jurado están preocupados porque están siendo presionados y filmados". Eso dice, textualmente. Cuando se reconoce algo así, uno hubiera esperado una reacción obvia: anular todo aquello. Pero no. La señora, simplemente, se quejó y no tomó medida alguna.

Señaló también —página 14 646— que estas no eran cámaras cualquieras, sino de la llamada TV Martí, televisora de una agencia del Gobierno Federal. Quien estaba amedrentando a miembros del jurado no eran periodistas díscolos que se cuelan donde no deben, sino asalariados del servicio de información del Gobierno de Estados Unidos.

La verdad, la entraña de este proceso es que no buscó otra cosa que salvar a grupos terroristas. La propaganda norteamericana, supuestamente libre, no se equivocó ni una sola vez en este proceso. Pusieron un manto de silencio en este caso, porque sabían que los norteamericanos llegarían por este camino a comprender algo atroz: el gobierno que pone al mundo al borde de la guerra, que la desata, que crea una mentalidad guerrerista, que cercena libertades, que amenaza a ciudadanos de ese país todos los días como parte de una supuesta pelea contra el terrorismo, es el mismo que hoy está amparando a elementos terroristas que no solo cometieron crímenes en Cuba, contra los cubanos. Es larga la lista de norteamericanos que han perdido la vida, cuyas propiedades han sido destruidas y que viven amenazados por estos grupos. Grupos que están dentro de EE.UU. y que actuarán allí sin tropiezos por lo menos durante los próximos 15 años, según testimonio de la jueza Lenard frente al caso de René González.

Con ellos se reunió el 20 de mayo último el Presidente norteamericano. Muy cerca de él, en la tribuna y en primera fila, estaban algunos de los más connotados terroristas que operan en Miami, como Orlando Bosch —esta clasificación del más connotado no es mía, sino del Departamento de Justicia de Estados Unidos—, algo que sin dudas no les conviene para nada reconocer y explicar a la opinión pública norteamericana. No les conviene porque tendrían que matizar la famosa frase de Bush: "aquellos que albergan un terrorista son tan culpables como el terrorista mismo"..., excepto que sean "mis terroristas, mis amigos terroristas".